DETRAS DEL OUTSOURCING EN MÉXICO
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Entre el outsourcing “bueno” y el
outsourcing “malo” navegan miles de trabajadores que son subcontratados en todo
el país por un tercero. Una industria que, se calcula,
supera los 4,400 millones de dólares (mdd) en México.
Relaciones laborales sin contrato, salarios sin ser reportados al 100% ante instituciones como el Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), recibos de nómina sin timbrar o conceptos engañosos
de prestaciones sociales envuelven las malas prácticas que aún privan en el
mercado laboral mexicano.
La lupa del gobierno federal
para ordenar este esquema de contratación empezó en 2009 con la modificación a la Ley del Seguro Social, que obliga a los
patrones a reportar a los trabajadores que fueron tercerizados.
Medida insuficiente, sobre todo si se
considera que la figura del outsourcing o subcontratación no estaba incluida en la Ley Federal del Trabajo (LFT), hecho que ocurrió tres años después, cuando se incorporó el
concepto en la reforma laboral. A esta modernización, siguieron otros “ajustes”
desde la SHCP.
“Sí ha habido avances por parte del gobierno,
pero no son suficientes: falta cerrar las pinzas a través de algunas
regulaciones en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR). A la gente le cierras
una puerta y busca otra”, explica Héctor Márquez Pitol, director comercial de
ManpowerGroup.
Un grupo de empresas dedicadas a la
tercerización, afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas
de Capital Humano (AMECH), ha detectado que hay
compañías ocultas que lo único que venden entre las empresas es un ahorro, no
soluciones en recursos humanos, y lejos de terminar con la evasión y elusión
fiscal y de seguridad social, rompen el compromiso de dignificar la industria
que busca desarrollar y fortalecer al mercado laboral mexicano.
En la industria, según un reporte de
2016 de la consultora Staffing Industry Analysts, se destaca que siguen
creciendo las empresas que son desleales a la hora de competir. De 900 empresasque,
en promedio, ofrecen estos servicios, solo 100 tienen registro ante
el IMSS y de estas únicamente 40 pagan los impuestos correspondientes.
Las prácticas que diariamente se
registran en las contrataciones laborales son pagos del salario mínimo y lo
demás, por fuera, simulando cooperativas; incluso esquemas en los que pagan las colegiaturas a los
trabajadores o les sustituyen la seguridad social por una póliza de gastos
médicos mayores. Según abogados especialistas en el sector laboral, se ha
detectado que las prestadoras del servicio de
outsourcing tienen claro el modus operandi para ofrecer un buen precio por la
administración de personal a los patrones.
Un ejemplo es que una empresa paga un salario de 100 pesos, pero de esos 100 acuerda con el trabajador mandar un primer
recibo por 20 pesos, y sobre esa cantidad se ‘timbra’ –se declara plenamente
ante Hacienda–; luego, los otros 80 pesos se le entregan de distintas maneras, como pueden ser: vales de despensa, tarjetas para el pago de
gasolina, tarjetas para comprar ropa o el pago a su nombre de seguros,
colegiaturas, etc.
Esos 80 pesos que recibió el trabajador no van a pagar ISR, pero
por la naturaleza del trabajo de la tercerización, que es temporal, en cuanto
se va el empleado lo liquidan con los 20 pesos, que es lo que se reportó ante
el fisco. Ahí es donde el empleado pierde, mientras que la empresa deja de
pagar los impuestos reales sobre prestaciones.
El Fisco sigue siendo el
principal perdedor en esta operación, pues el fraude es directamente al gobierno y es este el que debe
cerrar la pinza. “No más pagos que no sean timbrados, así de simple”, indica
Edmundo Escobar, presidente de la AMECH.
Industria deprimida
Con la reforma se dijo que el
crecimiento del sector de la tercerización iba a ser mayor, tema que hasta
ahora no se ha dado. “La industria crece en promedio
de 5 a 7 por ciento y no ha regresado a tener un
crecimiento de dos dígitos, debido al bajo crecimiento de la economía. También
tiene que ver con el tema de la competencia desleal, que persiste e impide
avanzar en una consolidación del sector de manera ordenada”, asegura la
empresaria y especialista en reclutamiento y administración de personal, Arleth
Leal Metlich.
Según la consultora Staffing Industry
Analysis, solo 4.4 por ciento de las empresas de outsourcing paga los
impuestos correspondientes y, de ese grupo de compañías, la mitad
permite auditorías legales y fiscales.
Mientras 18 empresas que conforman la
AMECH, entre ellas Manpower (Estados Unidos) Adecco (Suiza) Randstand (Holanda)
y Kelly Services (EU) tienen 160,000 empleados
subcontratados, una sola compañía, llamada Grupo GIN, tiene 130,000 empleos
administrados en todo el país.
El principal desafío es ofrecer un servicio que cumpla con las actuales reformas a la
Ley de Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en las
cuales se establece para la subcontratación laboral la obligación, a cargo del
contratista, de entregar evidencia del pago de
salarios a los trabajadores, así
como de las retenciones de impuestos efectuadas a los mismos y los pagos de
cuotas obrero-patronales al IMSS, afirma la directora jurídica laboral y
corporativa de Adecco, Claudia Gutiérrez.
Por un lado, el ojo fiscalizador del SAT obligará a las empresas de tercerización a cumplir con los cambios
en las leyes del ISR y el IVA de 2017; de lo contrario, no podrán deducir los
gastos que les generen. Y, por el otro, también se cocina la Norma Oficial
Mexicana (NOM) ante un intenso jaloneo.
En las reuniones de la Secretaría de
Economía y de la Secretaría del Trabajo hay quienes buscan de manera intensa que no se constituya como una norma
obligatoria y hay quienes consideran que, si no es
obligatoria, se pierde todo el sentido para obligar a las empresas a que paguen
los impuestos y cuotas de seguridad social de manera adecuada.
“La propuesta que surgió hace dos años,
bajo un acuerdo de la STPS y la AMECH, se fue materializando y hoy existe un
borrador. Actualmente, estamos en un proceso de consultas”, refiere Márquez
Pitol.
Desde octubre de 2016 se ha recomendado a las empresas dar cumplimiento a todos los
candados que han puesto las autoridades, pues
un tema de lavado de dinero “puede acabar con la empresa. Eso quiere decir que
todas las empresas de outsourcing están siendo vistas como potenciales
defraudadoras”, afirma Luis Fernando Ortiz de la Concha, socio de la firma
Ortiz de la Concha.
De ahí que los retos en este sector,
que en principio buscó ser reconocido como una forma de contratación real,
ahora debe demostrar que los salarios y las prestaciones que otorgan a los casi 4 millones de trabajadores subcontratados son transparentes, sin evasión ni elusión; y que tampoco incurren en un tema de
lavado de dinero.
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