SAT INVESTIGA NEGOCIOS FANTASMAS QUE INVOLUCRAN AL GOBIERNO DE VERACRUZ

La tarea encomendada a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública es investigar todo delito en el que involucran    a servidores públicos.

El  SAT también debe actuar en esta materia, dado que los funcionarios involucrados en actos de corrupción cometen, al menos, dos delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, cuya denuncia compete a dicha dependencia. Esos delitos son la defraudación fiscal y el lavado de dinero.

Hace unos días el periódico digital Animal Político reveló la relación delictiva entre funcionarios del estado de Veracruz y particulares aliados a ellos, para apropiarse en forma indebida de 645 millones de pesos del erario público.

La forma de operar fue utilizando prestanombres que fueran personas de bajo perfil socioeconómico y  constituyeron 21 empresas fantasma a través de las cuales celebraron contratos manipulados con varias dependencias públicas.

Las empresas no presentaron los servicios ni entregaron los bienes a los que se comprometieron. Por lo tanto, los organismos pertinente abrieron expedientes en los que se archivaron tres o cuatros papeles que en nada cumplieron con los requisitos legales en materia de contratación pública.

Las empresas emitieron facturas ‘falsas’, las que se ampararon operaciones inexistentes y que fueron pagadas por las dependencias. Cabe indicar que la expedición y uso de este tipo de facturas es un delito que nada tiene que ver con la defraudación fiscal, pero cuya denuncia corresponde también formularla al SAT.

Algunas  de las 21 empresas fantasma están identificadas en las listas negras del SAT como emisoras de facturas ‘falsas’. Lo absurdo es que ninguna noticia existe de que las autoridades fiscales hayan actuado en su contra, lo cual contrasta con la dureza con que se persigue a los contribuyentes que utilizan las mismas facturas.

En el caso de Veracruz, la apropiación indebida de 645 millones de pesos se materializó, en una primera etapa, cuando el dinero quedó depositado en las cuentas bancarias de las empresas fantasma, y en un segundo momento, cuando el mismo se repartió entre los involucrados en la alianza delictiva. Al no hacerlo, actualizan en su contra el delito de defraudación fiscal, el cual compete denunciarlo al SAT.

Además, los domicilios fiscales de las mismas, son casas particulares, tienditas y talleres mecánicos, en los que las personas que estaban en lugar, negaron ser socios de las empresas y afirmaron que nunca recibieron ningún contrato del gobierno estatal.

Estas empresas, que estaban registradas en el padrón estatal de proveedores, recibían vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas contratos para entregar al gobierno productos destinados a familias de escasos recursos y a damnificados de desastres naturales.

Sin embargo, el gobierno estatal no mostró constancia de que los productos hayan sido efectivamente entregados y en ningún momento se cercioraron de que las empresas de verdad existieran en el domicilio fiscal registrado.

También se reveló que algunas de las 21 empresas que participaron en esta trama para desviar recursos, se encontraban en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por emitir facturas falsas.

El gobierno veracruzano ha negado las acusaciones, escudándose en que dichas empresas presentaron su documentación en regla, tanto ante el SAT como ante notarios públicos.

Sin embargo, dichos notarios han sido militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o fueron nombrados por el propio Javier Duarte o su predecesor, el también priísta, Fidel Herrera.